El Gobierno planea dar más poder a las mutuas en las bajas médicas
Podrán dar altas en enfermedades comunes si un inspector no contesta en seis días
Los facultativos, los únicos autorizados, alertan del perjuicio al paciente
Las mutuas ganarán margen de maniobra para decidir cuándo hay que dar de alta a un trabajador enfermo. Si hasta ahora lo hacían en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el Gobierno tiene previsto darles esta potestad también cuando se trata de una enfermedad común o de un accidente no laboral —el 80% de las empresas ya tienen asegurados estos procesos con las mutuas—. Así lo recoge un proyecto de real decreto, fechado el 17 de julio pasado, que regula la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal. Uno de sus artículos faculta a las mutuas a facilitar el “alta médica presunta” al sexto día de la propuesta dirigida a la inspección médica del servicio público de salud. Si el inspector no responde en ese tiempo, el silencio administrativo se considerará aprobación, y la mutua podrá comunicar al paciente que está de alta y sin derecho a subsidio.
Las mutuas, que son asociaciones de empresarios formalmente sin ánimo de
lucro, gestionan tanto las contingencias profesionales como las comunes. En los
últimos años, la mayoría de las empresas han encomendado la gestión de sus bajas
comunes a las mutuas, en lugar de hacerlo al Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS), que ya solo se ocupa del 20%. Por primera vez, un borrador de
texto legal las faculta para dar altas en caso de enfermedad común, algo que los
médicos de familia y los inspectores sanitarios consideran un “gravísimo error”
y un perjuicio para el paciente. La patronal de las mutuas, en cambio, cree que
si ellas pudieran gestionar todas las altas ahorrarían a la Seguridad Social y a
las empresas 6.600 millones de euros.
“Alta presunta”
El artículo 7 del proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los
primeros 365 días de su duración establece que cuando las mutuas
“consideren que el trabajador puede no estar impedido para el trabajo”
podrán formular “propuestas motivadas de alta médica dirigidas a las unidades de
la inspección médica del servicio público de salud”.
El inspector podrá, en cinco días, confirmar la propuesta (y dar el alta) o desestimarla motivadamente. “En caso de que al sexto día de formulada la propuesta la mutua no hubiera recibido pronunciamiento expreso [...] entenderá que la propuesta ha sido estimada”.
“Es como poner a la zorra a cuidar al gallinero”, exclama el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS), José María Morán. “El alta la tiene que dar el médico o la inspección. La mutua, como financiadora de la prestación, tiene demasiado interés en reducir el tiempo de baja”, añade. Que las mutuas puedan dar de alta por silencio administrativo constituye, en opinión de Morán, “una grave inseguridad jurídica para los trabajadores y una perversión administrativa”. Además, cree que “se abusa de la falta de capacidad de respuesta de un sistema de salud muy recortado. Una propuesta de alta de una mutua puede llegar por fax a un administrativo y que el médico esté de viaje, a su vez de baja y sin sustituto, con lo que un paciente con cáncer terminal se puede encontrar al sexto día de alta y sin prestación”. “Se está abriendo la vía a la judicialización”, añade.
Los médicos de familia, que son los que ahora dan las bajas y las altas,
también están en contra de la intención del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. “Las altas tienen que ser confirmadas. La decisión sobre cuándo una
persona enferma está lista para volver a trabajar la debe tomar su médico o el
inspector con criterio sanitario, nunca debe resultar de un silencio
administrativo. Esto genera gran indefensión a los pacientes”, asegura Paulino
Cubero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(Semfyc). También él alude a los recortes del sistema público de salud y la
falta de suplentes cuando un médico se ausenta. “En seis días es muy fácil que
un inspector no pueda ponerse en contacto con el médico de un paciente para
revisar su situación. La mutua tiene intereses económicos que pueden primar
sobre los clínicos y forzar altas de forma prematura”, añade. (leer mas..)